La inseguridad se instaló con fuerza en la agenda de la Legislatura. A más de dos años de la sanción de la Ley de Emergencia en Seguridad, Adicciones y Políticas Carcelarias, los representantes del pueblo siguen elevando propuestas en contra del delito. Y según se desprende de las ideas planteadas, los robos en moto asoman como uno de los temas que más los preocupa.
En los últimos días, oficialistas y opositores firmaron iniciativas que apuntan a fortalecer los controles e incrementar los requisitos para el uso de estos vehículos. “Sin lugar a dudas, abordar la compleja problemática (de la inseguridad en la provincia) es una labor multidisciplinaria, que requiere trabajar sobre el fondo de las causas que generan y acrecientan el índice de comisión de delitos”, explicó el legislador oficialista Julio Silman, presidente de la comisión especial de Seguimiento a la Emergencia en Seguridad. En ese sentido, señaló que se cuenta “con las herramientas legales y operativas para comenzar a sacar de circulación las motocicletas ilegales como arma en la comisión de delitos de arrebatos en la vía pública”. Por ello, a través e un proyecto de resolución, instó al Poder Ejecutivo (PE) a dirigirse a los municipios para que intensifiquen los controles sobre las motos para erradicar aquellas que estén fuera de regla. Remarcó además que esto ya había sido requerido al Ministerio de Seguridad en 2016.
En esa línea, ocho legisladores firmaron dos propuestas que se complementan. La primera, obliga a las concesionarias a entregar las motos con chapa patente y la documentación de rigor, además de casco y chaleco con la identificación del dominio. La segunda, establece que los motociclistas deberán usar sí o sí esos elementos para poder circular. “La implementación de estas medidas facilitará a los afectados, a los testigos, a las fuerzas de seguridad y a los operadores de las cámaras de video-vigilancia (la tarea de) identificar a los autores de los delitos”, indicaron en los fundamentos Stella Maris Córdoba (Proyecto Popular), los oficialistas Ramón Santiago Cano (jefe del bloque Tucumán Crece), Javier Pucharras (presidente de la comisión permanente de Seguridad) y Nancy Bulacio; los radicales José Canelada, Adela Estofán y Luis González; y el amayista Christian Rodríguez (Peronismo del Bicentenario.
Ataques de motochorros en Tucumán: cinco casos, uno de ellos mediante la modalidad "piraña"
Hace nueve días, en la primera sesión ordinaria de 2018, la Legislatura aprobó la ley que había solicitado el ministro fiscal, Edmundo Jiménez, para habilitar la prisión preventiva en contra de los motochorros. La norma, que ya fue promulgada por el gobernador, Juan Manzur, incluye a “escruchantes” y a “rompevidrios”. En 2014, la Cámara había aprobado una ley similar contra el motoarrebato. Pero no fue aplicada porque se la consideró inconstitucional. Por eso hay expectativas respecto de los efectos que tendrá la nueva normativa sancionada.
Los registros de Mesa de Entradas del Poder Legislativo evidencian que desde hace tiempo se analizan medidas para tratar de reducir estos delitos. En 2016, peronistas encabezados por Guillermo Gassenbauer impulsaron la prohibición de la venta de combustible a motociclistas sin casco o chapa patente, mientras Claudio Viña (Nueva Fuerza) instaba a la creación del programa “Moto Segura”. Hubo proyectos similares elevados por otros legisladores. Ninguno de ellos prosperó hasta ahora.
De todas maneras, el director de Tránsito Operativo de la Capital, Enrique Romero, consideró que esas medidas serían un “parche”. “Durante 2017, secuestramos 7.600 motos. Estoy seguro de que si sumamos las secuestradas por la Policial Vial, entre los dos llegamos a unas 20.000. Pero no hay posibilidades de cruzar la información con las denuncias por robo”, señaló el funcionario municipal. Además, consideró que si se incrementan los requisitos para circular, como el uso de casco o de chalecos refractarios, no se logrará un impacto directo contra los delincuentes, ya que estos no suelen utilizar vehículos en regla. “Hace 14 años que no existe compromiso para el abordaje integral de la inseguridad y el narcotráfico”, indicó Romero.
La Cámara, en tanto, analiza los pasos a seguir contra los motochorros. Según fuentes del oficialismo, la intención es llevar pronto ese debate al recinto.
Iniciativas recientes contra el delito
Tránsito
Un pedido para endurecer los controles
El miércoles, el oficialista Julio Silman presentó un proyecto que apunta a solicitarles a los municipios, a través del Poder Ejecutivo (PE), la realización de controles de tránsito más estrictos para sacar de circulación las motos ilegales. “De este modo, se protege a la sociedad y también al trabajador que utiliza la motocicleta como medio de transporte”, indicó el oficialista.
Ómnibus
Solicitan que se restaure una aplicación
El martes, el radical José Canelada, el oficialista Ramón Santiago Cano y el peronista de Cambiemos, Silvio Bellomío, entre otros, firmaron un proyecto que insta al Poder Ejecutivo a poner en funcionamiento otra vez la aplicación “Transporte Seguro”. Este sistema permite a los usuarios de colectivos conocer en tiempo real por dónde circulan las unidades.
Vigilancia
Más comisarías para el interior
Hace 10 días, los radicales Raúl Albarracín y Ariel García elevaron un proyecto para habilitar al Ipvdu a la cesión de un terreno ubicado en el barrio Policial, de Concepción, para la edificación de una dependencia policial. En febrero, los peronistas Andrés Galván y Nancy Bulacio, entre otros, habían solicitado la edificación de una comisaría para Las Piedritas, cerca de Alderetes.
Presos
Una idea para descomprimir los calabozos
Para aliviar la crisis carcelaria que atraviesa la Provincia, el oficialista Marcelo Caponio propuso hace dos semanas la derogación de la Ley de Contravenciones Policiales, que habilita a la fuerza a efectuar arrestos por faltas sociales sin la intervención de un juez. “El sistema carcelario no puede verse ocupado y colapsado por contraventores”, planteó el peronista.
Vigías
Una propuesta para reforzar los municipios
Los peronistas Stella Maris Córdoba, Ramón Cano y Nancy Bulacio, entre otros, firmaron un proyecto que apunta a la regulación de los vigías ciudadanos. “La escalada de hechos delictivos llevo a varios de los municipios a tomar medidas para la creación de estos cuerpos en sus jurisdicciones”, fundamentaron. Hubo proyectos similares en el pasado, pero no fueron tratados.
Arresto
Prisión preventiva por motoarrebato
En la segunda semana de marzo, luego de recibir la visita del ministro fiscal, Edmundo Jiménez, legisladores oficialistas encabezados por Fernando Juri elevaron un proyecto -ya sancionado- que habilita la prisión preventiva contra motochorros, escruchantes y rompevidrios. La norma ya fue puesta en vigencia por el PE.
Escuelas
Custodia fuera y dentro de los edificios
El 23 de febrero, el radical Luis González y otros legisladores elevaron una iniciativa que solicita informes y medidas concretas a los ministerios de Educación y de Seguridad para reforzar la vigilancia en las escuelas. La propuesta menciona los robos en las afueras de los establecimientos, así como los saqueos y roturas perpetrados durante las noches.
Requisito
Para la venta y la circulación en motocicleta
Hace 12 días, oficialistas y opositores se unieron para firmar dos proyectos que apuntan a reforzar los requisitos para la venta y circulación de motos. De prosperar la iniciativa, para conducir estos rodados se deberá llevar un casco y un chaleco identificatorio. Además, las concesionarias deberán entregar la patente al momento de la compra de la moto.
Fondos
Para reforzar las partidas en seguridad
El 2 de marzo, radicales y peronistas firmaron un proyecto que propone al Poder Ejecutivo (PE) una extracción de $60 millones de los recursos previstos para la Secretaría de Comunicación Pública, para que sean asignados al presupuesto de Seguridad. Según los firmantes, la Provincia destina el 6% de sus fondos a esta área.
Taxis
Proponen la colocación de mamparas
Este año fueron planteados al menos tres proyectos que proponen incrementar la seguridad en los vehículos afectados al servicio público de pasajeros (taxis y colectivos). Claudio Viña, de Nueva Fuerza, instó a la colocación de mamparas “anti vandálicas” en esos rodados. También hubo propuestas para tratar de reducir los accidentes de tránsito.